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La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la “Ley Rangel”, un iniciativa que contribuirá a una mayor vinculación de los sectores público, privado y social, con instituciones de educación superior y centros de investigación.

Como antecedente, cabe señalar que el estudio Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en 2012, recomendó revisar “la normatividad de las Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros Públicos de Investigación (CPI) con el fin de permitir la obtención de incentivos económicos (…) para estimular la participación de los investigadores en procesos de mayor vinculación con el sector empresarial”.

La legislación que la Ley Rangel modificó, inhibía la participación privada en actividades de investigación y desarrollo, así como la creación y transferencia de tecnologías en universidades públicas, por temores de conflicto de interés y ausencia de garantías para las empresas. Asimismo, desincentivaba la participación de investigadores de universidades y centros públicos de investigación en proyectos en colaboración con el sector privado, dado que los hacía susceptibles de conflicto de intereses por manejar o aplicar recursos públicos federales.

La iniciativa aprobada permite que las instituciones que realicen actividades de investigación y desarrollo con recursos públicos puedan asociarse con entes privados para desarrollar proyectos de I+D. Además, establece que los servidores públicos que lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo o innovación, podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios.

Sin duda, estos cambios contribuirán a una mayor vinculación de los sectores público, privado y social, con instituciones de educación superior y centros de investigación.

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